GUERRA ECONÓMICA: ¿FRANCIA LLEVA UNA GUERRA DE RETRASO?

La guerra económica que apenas vemos

Hablamos sin cesar de soberanía industrial, reindustrialización, inteligencia artificial, semiconductores, energía nuclear, espacio, baterías, tecnologías cuánticas o ciberseguridad. Sin embargo, una cuestión decisiva permanece casi siempre fuera del debate público francés: en esta competición, ¿el Estado se limita a proteger lo que ya poseemos o intenta también conocer activamente lo que preparan nuestros competidores, comprender sus debilidades y obtener la información capaz de dar varios años de ventaja a nuestra industria? Es una pregunta incómoda porque obliga a abandonar una visión ingenua del comercio internacional. Los Estados siguen siendo aliados en determinados asuntos y competidores en otros; las empresas cooperan mientras se disputan mercados; las tecnologías civiles se vuelven militares; el capital compra patentes, equipos y a veces sectores enteros. En este mundo, la inteligencia económica ya no es un complemento exótico de la política industrial: es uno de los instrumentos de poder.

China suele citarse como el modelo más ofensivo. Combina investigación pública y privada, financiación masiva, adquisición de empresas, captación de talento, alianzas universitarias, análisis sistemático de patentes, ingeniería inversa, inteligencia humana y ciberespionaje. Estados Unidos utiliza otra combinación: poder financiero, capital riesgo, control de inversiones extranjeras, restricciones a la exportación, diplomacia comercial, sanciones, normas, atracción mundial de investigadores y una comunidad de inteligencia con medios considerables. Frente a esos dos gigantes, la tentación francesa consiste con frecuencia en reducir la cuestión a una falsa alternativa: o Francia sería un Estado legalista que solo se defiende, o sus servicios harían clandestinamente lo mismo que los demás sin que nada fuese visible. Las fuentes públicas permiten ir mucho más lejos que esta oposición simplista.

Este dossier no afirma ninguna operación concreta que no esté públicamente documentada. No pretende saber a quién recluta la DGSE, qué redes penetra, qué sistemas extranjeros tiene como objetivo o qué empresas figuran entre sus prioridades. En cambio, reúne textos legales, publicaciones de la CNCTR, informes parlamentarios, declaraciones de responsables de inteligencia, documentos estratégicos franceses, decisiones y procedimientos judiciales extranjeros, trabajos del Parlamento Europeo y varias investigaciones de prensa especializada. El resultado es más matizado que un eslogan, pero también más incómodo: Francia posee el derecho, las capacidades y la historia necesarias para practicar una inteligencia económica ofensiva; lo que parece más cuestionable es su capacidad para convertir con suficiente rapidez la información obtenida en una ventaja industrial colectiva.

El derecho francés no prevé solo defender: también prevé promover

El primer elemento que hay que conocer está en el Código de Seguridad Interior. El artículo L.811-3 autoriza las técnicas de inteligencia para la defensa y la promoción de los intereses fundamentales de la Nación e incluye expresamente entre ellos los intereses económicos, industriales y científicos principales de Francia. La palabra «promoción» es esencial. Significa que la finalidad económica de la inteligencia francesa no es exclusivamente protectora. No se trata únicamente de impedir que un competidor robe un procedimiento francés; dentro de las competencias del servicio y bajo las condiciones previstas por la ley, también puede buscarse inteligencia para apoyar la potencia económica y tecnológica nacional.

La Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Inteligencia, la CNCTR, lo explica de forma todavía más explícita en su presentación pública de las finalidades legales. Recuerda que los servicios pueden contribuir no solo a la defensa, sino también a la promoción de los intereses económicos e industriales franceses. Precisa que deben contribuir, en particular, al desarrollo industrial de Francia frente a sus competidores extranjeros. Esta formulación es capital porque desmonta la idea de que la inteligencia económica francesa estaría jurídicamente confinada a la contraingerencia. El derecho reconoce una dimensión activa. El límite no es la existencia de una ambición ofensiva; el límite se sitúa en la finalidad legal, la competencia del servicio, la necesidad, la proporcionalidad, el control y, para una inmensa parte de las operaciones, el secreto.

El mismo razonamiento vale para las comunicaciones internacionales. El Código prevé un marco particular para la vigilancia de comunicaciones emitidas o recibidas en el extranjero cuando lo justifica la defensa o promoción de los intereses fundamentales de la Nación. Esto no significa, evidentemente, que Francia disponga de un permiso general para robar cualquier secreto comercial. Sí demuestra, en cambio, que los textos fueron concebidos para que la inteligencia exterior pudiera participar en la protección y promoción de intereses económicos esenciales. El debate serio no debe comenzar preguntando si Francia «tiene derecho a interesarse» por tecnologías extranjeras: puede hacerlo dentro del marco legal. La verdadera pregunta es cómo se utiliza esa capacidad y, sobre todo, cómo el aparato del Estado explota la inteligencia producida.

Inteligencia económica, espionaje industrial y tecnología: no confundirlo todo

Buena parte de la confusión pública procede del vocabulario. La inteligencia económica incluye actividades totalmente lícitas: análisis de patentes, vigilancia científica, estudio de cadenas de suministro, cartografía de proveedores, seguimiento de las contrataciones de un competidor, análisis financiero, observación de contratos públicos, explotación de publicaciones universitarias o recopilación de información abierta. Una empresa o un Estado pueden aprender muchísimo sin cruzar ninguna frontera jurídica. En los sectores tecnológicos, la recopilación de fuentes abiertas puede incluso bastar para reconstruir una estrategia completa: quién contrata qué tipo de ingeniero, en qué ciudad, para qué programa, con qué socios, máquinas y proveedores.

El espionaje económico comienza cuando la información buscada no es accesible normalmente y una potencia utiliza medios clandestinos para obtenerla. Puede adoptar la forma de reclutamiento de una fuente humana, una interceptación, una operación cibernética, un acceso desviado a una base de datos, la explotación de un intermediario, una relación profesional o una sociedad pantalla. El espionaje industrial apunta más directamente a secretos de fabricación, procesos, resultados de pruebas, código fuente, planes de desarrollo, parámetros de producción, costes y estrategias comerciales. La inteligencia tecnológica es aún más amplia: busca saber qué funciona realmente, dónde aparecen las rupturas, qué laboratorios llevan ventaja, qué personas poseen competencias raras, qué tecnologías fracasan y qué sectores están a punto de cambiar.

También hay que corregir una imagen muy extendida: «robar una patente» no suele ser el núcleo del problema, porque una patente publicada es precisamente un documento público. El verdadero valor está a menudo en lo que no se ha publicado: el ajuste industrial que permite alcanzar el rendimiento previsto, los fracasos sucesivos, el material finalmente elegido, los datos de ensayo, los compromisos de diseño, los defectos conocidos, el coste real de producción o el conocimiento tácito de un equipo. Por eso un ingeniero experimentado puede ser a veces más valioso que un servidor lleno de documentos. Un dossier técnico explica lo que se hizo; las personas saben por qué se hizo, qué no funcionó y qué habría que intentar después.

China: una política total de adquisición tecnológica

Reducir el ascenso chino al «robo de tecnología» sería a la vez falso y peligroso. La China de 2026 ya no es una economía que se limite a copiar a los demás. Invierte masivamente en investigación, forma a un número enorme de ingenieros, financia sectores enteros, atrae investigadores, desarrolla sus propios campeones y presenta un volumen impresionante de patentes internacionales. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual situó a China entre las diez economías más innovadoras del mundo en 2025. Ese mismo año presentó 73.718 solicitudes internacionales mediante el sistema PCT, frente a 52.617 de Estados Unidos y 7.778 de Francia. La cifra no mide automáticamente la calidad, pero muestra la escala del esfuerzo y la amplitud de la base tecnológica construida.

Lo que hace especialmente formidable al modelo chino es la combinación de instrumentos. Una tecnología considerada estratégica puede abordarse mediante inversión, una joint venture, una cooperación universitaria, contratación de expertos, análisis de publicaciones, compra de equipos, adquisición de una empresa, regreso de investigadores formados en el extranjero, ingeniería inversa, recopilación humana o ciberespionaje. El Estado, las universidades, las empresas públicas, las empresas privadas y las administraciones evolucionan en un entorno donde las prioridades nacionales están fuertemente coordinadas. La inteligencia clandestina no es, por tanto, más que un componente de un sistema mucho más amplio de adquisición y desarrollo de poder.

Los asuntos judiciales estadounidenses muestran, sin embargo, que la dimensión clandestina existe claramente. El caso de Yanjun Xu es uno de los mejor documentados. Presentado por la justicia estadounidense como oficial del Ministerio de Seguridad del Estado chino, fue condenado a veinte años de prisión después de ser declarado culpable, entre otros cargos, de intento de espionaje económico e intento de robo de secretos comerciales. El Department of Justice describió aproximaciones dirigidas al sector aeronáutico, incluido GE Aviation, y métodos que combinaban relaciones académicas, invitaciones, viajes, remuneraciones y búsqueda de información técnica no pública. Los documentos judiciales mencionan igualmente una operación relativa a un fabricante francés de motores aeronáuticos y un intento de obtener acceso a su entorno informático. El dossier ilustra perfectamente la lógica moderna: inteligencia humana, acceso industrial y dimensión cibernética pueden combinarse en una misma operación.

Francia está directamente afectada. Investigaciones de la prensa especializada han documentado intentos chinos dirigidos contra la aeronáutica occidental y el entorno de grupos franceses. Intelligence Online también ha seguido una investigación francesa relativa a un antiguo piloto sospechoso de haber proporcionado experiencia aeronáutica a Pekín, así como un asunto en torno a una empresa china instalada cerca de Toulouse y sospechosa de actividades de escucha cerca de actores del sector espacial y de Airbus. En estos casos debe mantenerse una distinción metodológica estricta entre sospecha, investigación, imputación y condena. Pero la repetición de señales basta para mostrar que la competición tecnológica se juega incluso en territorio francés, en contacto con ingenieros, subcontratistas, laboratorios e infraestructuras.

Las redes profesionales se han convertido también en terreno de reclutamiento. LinkedIn permite hoy identificar en pocos minutos lo que antes exigía meses a un servicio: un ingeniero trabajó en determinado programa, en determinado proveedor, dentro de determinado equipo y con determinada competencia. Intelligence Online documentó en 2026 aproximaciones atribuidas al Guoanbu, es decir, al Ministerio chino de Seguridad del Estado, utilizando plataformas profesionales para contactar con perfiles europeos y obtener información estratégica. La inteligencia humana no ha desaparecido con lo digital; al contrario, se ha enriquecido con un inmenso directorio mundial de competencias sensibles.

Estados Unidos: la inteligencia es solo una pieza de una máquina de poder mucho mayor

La estrategia estadounidense es diferente. Estados Unidos dispone de un arma que pocos países pueden reproducir: una potencia financiera capaz de absorber legalmente tecnologías, empresas y talentos de todo el mundo. Cuando una startup europea traslada su sede, sus patentes, sus investigadores y sus futuros proyectos a Estados Unidos después de una ronda de financiación, no ha habido espionaje. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, el resultado puede ser más profundo que un robo puntual de documentos: el equipo, la propiedad intelectual, la financiación, la gobernanza y los desarrollos futuros basculan hacia el ecosistema estadounidense. El capital riesgo y los mercados financieros permiten así una forma de adquisición de poder extraordinariamente eficaz.

Washington no se apoya únicamente en el mercado. El Committee on Foreign Investment in the United States, el CFIUS, controla las inversiones extranjeras susceptibles de amenazar la seguridad nacional. El Tesoro estadounidense indicó que el comité había examinado en total 347 declaraciones o notificaciones en 2025, prestando especial atención a tecnologías críticas, infraestructuras sensibles y datos estratégicos. Al mismo tiempo, Estados Unidos utiliza controles de exportación, restricciones a determinadas inversiones salientes, sanciones y política comercial para impedir que sus competidores accedan a tecnologías consideradas esenciales. La lógica es clara: comprar a los demás cuando eso refuerza el ecosistema estadounidense, impedir que otros compren lo que se considera crítico en casa y controlar la difusión de capacidades avanzadas.

La estrategia estadounidense de seguridad científica y tecnológica publicada en 2026 asume abiertamente esa articulación. Presenta los controles de exportación, la seguridad de las inversiones y la protección de tecnologías críticas como instrumentos de competición estratégica en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, semiconductores, supercomputación o hipersónica. La Office of the Director of National Intelligence dispone paralelamente de una Office of Economic Security and Emerging Technologies encargada de coordinar el apoyo de la comunidad de inteligencia a la seguridad de las inversiones, los objetivos de política comercial y las necesidades tecnológicas. Ese acercamiento institucional muestra que, en la doctrina estadounidense, economía, tecnología y seguridad nacional están cada vez menos separadas.

Sería ingenuo, no obstante, concluir que Estados Unidos nunca practica inteligencia económica clandestina. Las revelaciones vinculadas a Edward Snowden mostraron la magnitud de la recopilación de la NSA, incluida sobre intereses franceses y económicos. El informe del Parlamento Europeo dedicado a ECHELON ya había examinado acusaciones de utilización de inteligencia de señales en competiciones comerciales relativas, entre otros, a Airbus o Thomson-CSF, señalando a la vez que varios relatos eran contradictorios y que las motivaciones exactas no siempre estaban demostradas. La matización importante se refiere, por tanto, menos a la existencia de inteligencia económica que a su uso. La doctrina pública estadounidense afirma desde hace tiempo que no recopila secretos comerciales extranjeros con el único objetivo de entregar una ventaja competitiva directa a una empresa estadounidense concreta. Eso no impide ni la recopilación económica por razones de seguridad nacional ni el uso de inteligencia para la diplomacia, sanciones, negociación o protección tecnológica.

Francia ya practicó una inteligencia industrial claramente ofensiva

Francia no siempre abordó la inteligencia económica con la prudencia que hoy se le atribuye. A comienzos de los años ochenta, Pierre Marion, entonces director de la DGSE, orientó el servicio hacia una política de espionaje industrial mucho más directa. En 1991 reconoció públicamente haber creado una célula dedicada al espionaje industrial. Los relatos de la época mencionan una veintena de agentes encargados de obtener documentos de empresas estadounidenses y citan, entre otras, IBM, Texas Instruments o Corning. La justificación era sencilla: Estados Unidos podía ser un aliado político y militar y seguir siendo un competidor económico y tecnológico. Esa distinción puede parecer brutal hoy, pero refleja una realidad estratégica que nunca desapareció.

Le Monde volvió en 2013 sobre esa historia y sobre las tensiones franco-estadounidenses relacionadas con el espionaje económico. A finales de los años ochenta, el FBI desmanteló una red francesa dirigida contra varias empresas estadounidenses. Algunos años después, en 1995, Francia expulsó o pidió la salida de agentes estadounidenses sospechosos de espionaje económico en territorio francés. El episodio recuerda que el espionaje entre aliados no es una invención reciente y que la frontera entre cooperación estratégica y competición industrial siempre ha sido porosa.

Esta historia es esencial para comprender el debate actual. Sería falso afirmar que la cultura francesa siempre ha considerado impensable el espionaje económico ofensivo. Francia lo practicó y uno de sus antiguos directores lo asumió públicamente. Lo que parece haber cambiado desde los años noventa se refiere más a la doctrina, la organización, los límites políticos, el control y la forma en que puede redistribuirse la información. La pregunta no es, por tanto, si Francia supo actuar ofensivamente en el pasado: lo hizo. La pregunta es qué queda hoy de esa ambición y bajo qué forma.

Lo que Francia hace hoy: la inteligencia económica existe, se encarga y dispone de medios

Los informes públicos contemporáneos muestran que la inteligencia económica no ha desaparecido. La Delegación Parlamentaria de Inteligencia dedicó en 2018 un capítulo entero a la inteligencia de interés económico. Describía una intensificación de la depredación económica internacional, un aumento de los intentos de captación de tecnologías y un papel central de la amenaza cibernética. Indicaba, sobre todo, que la DGSE y la DGSI eran históricamente los principales productores de inteligencia de interés económico y que las administraciones económicas, incluido el Tesoro, formulaban necesidades de búsqueda para los servicios.

La señal más importante llegó probablemente del propio director general de la DGSE. Durante el coloquio de la Delegación Parlamentaria de Inteligencia de diciembre de 2025, Nicolas Lerner explicó que la integración del servicio con los responsables franceses se había reforzado considerablemente, citando el Quai d'Orsay, el Ministerio de las Fuerzas Armadas y también el Ministerio de Economía. Declaró que «la inteligencia económica responde ahora a prescripciones del aparato del Estado». Esa frase basta para descartar la idea de una DGSE que solo se ocupara marginalmente de economía. Existe una verdadera demanda económica dirigida a la inteligencia exterior francesa.

Los documentos presupuestarios y estratégicos apuntan en la misma dirección. Informes parlamentarios indican que la DGSE aumenta los medios dedicados a inteligencia económica para proteger a las empresas francesas, sostener el atractivo nacional y promover sectores estratégicos. La Revisión Estratégica Nacional actualizada en 2025 prevé además un mayor uso de capacidades cibernéticas ofensivas para inteligencia y obstaculización. El Ministerio de las Fuerzas Armadas reconoce públicamente la existencia de lucha informática ofensiva, mientras la DGSE asume capacidades técnicas importantes en interceptación, criptología, ciberamenazas y tratamiento de datos. No se trata, por tanto, de un Estado desprovisto de sensores o conocimientos técnicos.

Intelligence Online sigue asimismo la existencia de una función de seguridad económica en la DGSE y el acercamiento del servicio a actores tecnológicos privados. Esos elementos no prueban ninguna operación ofensiva concreta. Confirman, sin embargo, que la dimensión económica está estructurada y no corresponde a un simple discurso general. Francia dispone de un aparato contemporáneo de inteligencia económica articulado con el Ministerio de Economía, la defensa y varios sectores estratégicos.

¿Nos infiltramos en las grandes empresas estadounidenses o chinas? Lo que puede decirse seriamente

La DGSE reconoce públicamente la inteligencia humana como uno de sus oficios fundamentales. Los documentos oficiales dedicados a la inteligencia exterior describen agentes capaces de cruzar fronteras, acercarse a entornos cerrados, reclutar fuentes y recoger informaciones difíciles de obtener. Una gran empresa tecnológica extranjera puede, evidentemente, constituir un entorno de interés para un servicio cuando la información buscada corresponde a las prioridades estratégicas del Estado. Nada en la lógica general del oficio impide intentar obtener una fuente en un entorno industrial extranjero.

Pero hay que resistir el salto lógico. No existe ninguna prueba pública que permita afirmar que en 2026 agentes franceses estén infiltrados en Microsoft, Nvidia, Boeing, SpaceX, Huawei, BYD, CATL, SMIC u otros grupos para robar sus secretos. Tampoco existe prueba pública que permita identificar una empresa extranjera como objetivo operacional actual de la DGSE. La ausencia de prueba no es la prueba de la ausencia; significa simplemente que un autor serio no puede transformar una capacidad general en una operación concreta sin fuente.

El mismo principio vale para el ciberespacio. Francia posee capacidades cibernéticas ofensivas reconocidas y la doctrina estratégica prevé desarrollarlas. Es razonable, por tanto, afirmar que el Estado dispone de medios que le permiten, en determinadas circunstancias, penetrar sistemas extranjeros o extraer información. Sería, en cambio, infundado escribir que los servicios franceses piratean hoy los servidores de una empresa extranjera para entregar sus planos a una empresa francesa. Las operaciones concretas son secretas; lo que demuestran las fuentes públicas es la capacidad, la finalidad económica general y la existencia de una doctrina ofensiva de inteligencia, no un catálogo de objetivos.

¿Entrega el Estado secretos extranjeros a empresas francesas?

Es probablemente la pregunta que más directamente interesa a industriales y lectores: si la DGSE descubre algo decisivo, ¿lo transmite el Estado a las empresas francesas? Las fuentes públicas permiten responder afirmativamente sobre la existencia de apoyo económico, pero no demuestran un mecanismo contemporáneo de entrega directa a una empresa privada de secretos industriales extranjeros robados. Sabemos que los servicios producen inteligencia de interés económico, que los ministerios formulan necesidades, que actores industriales estratégicos intercambian con el Estado y que la historia francesa contiene precedentes mucho más directos. No disponemos, en cambio, de ningún documento público que establezca que un plano confidencial adquirido clandestinamente se entregue hoy tal cual a Airbus, Safran, Thales, Dassault Aviation, EDF u otra empresa.

Hay buenas razones para esa prudencia. Un documento bruto puede revelar una fuente humana, un método técnico o una operación en curso. Su difusión a una empresa aumenta el riesgo de fuga. Su utilización puede provocar un litigio, una crisis diplomática o un ataque contra una futura patente. La transferencia privilegiada de una información clasificada a una empresa privada también plantea cuestiones de competencia y responsabilidad. La inteligencia suele transformarse antes de ser útil. El Estado puede utilizar una información secreta para ajustar una política industrial, bloquear una adquisición, modificar una negociación, preparar una regulación, financiar un sector, apoyar una oferta de exportación, reforzar la seguridad de un actor o alertar a una empresa sin entregarle jamás la materia bruta.

La distinción entre inteligencia bruta e inteligencia derivada es esencial. Un servicio no necesita explicar cómo sabe que una tecnología extranjera sufrirá dos años de retraso. Puede producir una evaluación de alta confianza y permitir a los responsables públicos orientar un programa nacional. No necesita transmitir la fuente que anuncia una próxima restricción sobre una materia prima; puede permitir al ministerio asegurar una cadena de suministro. Utilizada así, la inteligencia se convierte en acelerador de decisiones y no en un almacén de documentos secretos entregados a industriales.

Francia ha construido sobre todo un escudo muy visible

El aparato francés está hoy particularmente desarrollado en su vertiente defensiva. La DGSI protege contra la injerencia y la captación de conocimientos; la DRSD protege la esfera de defensa; el Servicio de Información Estratégica y Seguridad Económicas coordina la seguridad económica; la ANSSI trata las amenazas cibernéticas; la Dirección General de Armamento protege la base industrial y tecnológica de defensa; el control de inversiones extranjeras permite bloquear o condicionar adquisiciones sensibles; y la protección del potencial científico y técnico cubre determinados laboratorios y tecnologías. Francia ha construido un verdadero escudo, mucho más sólido que hace quince años.

Las cifras muestran la presión. El informe anual 2023 de la Dirección General de Empresas indicaba que ese año se habían tratado casi 900 alertas de seguridad económica, frente a 694 en 2022 y menos de 400 en 2020. Alrededor del 45% se referían a intentos de adquisición o toma significativa de participación y casi el 45% a intentos de captación de conocimientos o saber hacer sensibles. En 2025, un informe parlamentario mencionaba todavía más de 750 alertas para 2024 y entre 500 y 550 atentados probados al año que afectaban a la base industrial y tecnológica de defensa. Las pymes de la cadena de defensa son particularmente vulnerables.

Esas cifras plantean una pregunta sencilla. Si los competidores de Francia dedican tanto esfuerzo a conocer nuestras tecnologías, proveedores y vulnerabilidades, ¿por qué Francia se limitaría a esperar tras sus fortificaciones? La respuesta oficial es que no se limita totalmente a ello. Pero el contraste entre la visibilidad de nuestro dispositivo defensivo y el carácter casi invisible de la vertiente ofensiva alimenta la impresión de un país que protege más de lo que conquista. Parte de esa asimetría es normal: la contraingerencia debe sensibilizar públicamente a las empresas, mientras que la recopilación ofensiva es secreta por definición. Otra parte parece, sin embargo, corresponder a un verdadero problema doctrinal.

El informe parlamentario de 2025 es mucho más severo que el discurso oficial

El informe publicado el 16 de julio de 2025 por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sobre guerra económica es probablemente el documento público más importante para comprender las debilidades francesas. Reconoce los progresos realizados en la protección de empresas y el control de inversiones, pero considera que los dispositivos siguen siendo demasiado permisivos, los medios están dispersos y la postura francesa continúa siendo demasiado defensiva frente a competidores que asumen estrategias mucho más ofensivas. Una sección del informe se titula incluso «¿Hacia una postura más ofensiva?».

El ponente recuerda que la estrategia nacional de inteligencia considera a esta como herramienta no solo de defensa, sino también de promoción de intereses económicos, científicos, militares y políticos. Considera, no obstante, que Francia mantiene, por motivos especialmente culturales, una reserva que varios competidores no conocen. Esa reserva también pesaría sobre la circulación de información hacia los actores económicos, especialmente los más pequeños. El informe reclama, por tanto, una mejor coordinación entre los servicios de inteligencia y las empresas estratégicas para orientar mejor las acciones de inteligencia económica.

El documento va más lejos al evocar el papel que podría desempeñar la inteligencia económica para detectar tecnologías críticas en el extranjero y ayudar a empresas francesas a invertir en sociedades estratégicas extranjeras. La propuesta es importante porque desplaza la ofensiva hacia un terreno perfectamente legal: identificar antes que otros las tecnologías que importarán, saber dónde están, comprender qué empresas las dominan y organizar la adquisición, asociación o inversión antes de que se cierre la ventana. El informe no reclama, por tanto, un saqueo industrial clandestino; reclama una política de poder más asumida.

El verdadero retraso francés: transformar información en poder

Francia parece disponer de numerosos sensores: DGSE, DGSI, DRSD, red diplomática, agregados de defensa, servicios científicos, Tesoro, DGA, SISSE, empresas estratégicas y operadores privados de inteligencia económica. También dispone de una tradición antigua con la ADIT, creada a comienzos de los años noventa para valorizar la información científica y tecnológica recogida en el extranjero, especialmente por los servicios científicos de las embajadas. El grupo se convirtió después en un actor privado importante de inteligencia estratégica presente en numerosos países. El problema francés no es, por tanto, la ausencia total de recopilación ni la ausencia de ecosistema.

La debilidad parece situarse más bien entre el momento en que el Estado sabe y el momento en que la economía gana gracias a ese conocimiento. Estados Unidos dispone de una capacidad excepcional para alinear rápidamente Casa Blanca, Pentágono, comunidad de inteligencia, Tesoro, Department of Commerce, universidades, fondos de capital riesgo, contratación pública, controles de exportación y grandes grupos. China conecta aún más estrechamente política industrial, financiación, universidades, empresas, diplomacia y prioridades nacionales. Francia posee gran parte de esas piezas, pero las conecta con más dificultad. Los informes parlamentarios evocan desde hace años circuitos complejos, dispersión de responsabilidades, problemas de coordinación y dificultad para hacer circular la información útil hacia las empresas.

Ahí se encuentra probablemente la diferencia más profunda. La ventaja estadounidense no consiste solo en que una agencia pueda conocer un proyecto extranjero; consiste en que la información puede convertirse rápidamente en una decisión de control de exportación, financiación, contrato público, restricción de inversión, adquisición o prioridad de investigación. La ventaja china no reside únicamente en la existencia de un servicio capaz de reclutar a un ingeniero; reside en la capacidad de integrar esa inteligencia en una política industrial que luego financia laboratorios, fábricas, proveedores y campeones nacionales. La inteligencia es un multiplicador de poder, pero no produce nada si el ecosistema industrial no puede actuar.

Esto explica también por qué sería simplista pedir a la DGSE que «robe más secretos». Un plano no es una fábrica. Una patente no es una cadena de suministro. Una información no es una financiación. Ningún servicio de inteligencia puede compensar de manera duradera una fiscalidad inestable, energía demasiado cara, falta de capital, plazos administrativos interminables o la incapacidad de hacer crecer una empresa. En cambio, un servicio eficaz puede permitir a un país saber antes que otros dónde invertir, qué proteger, a quién comprar, qué riesgo anticipar y qué sector acelerar. Ahí es donde la inteligencia se vuelve verdaderamente económica.

La ofensiva no empieza necesariamente con una operación clandestina

Una debilidad del debate francés consiste en oponer demasiado rápido inteligencia abierta y espionaje clandestino. En realidad, una política ofensiva comienza a menudo mucho antes del reclutamiento de una fuente o la penetración de un sistema informático. Patentes, publicaciones científicas, ofertas de empleo, licitaciones, ferias profesionales, compras de máquinas, bases aduaneras, informes regulatorios, conferencias técnicas, publicaciones de investigadores e imágenes comerciales permiten ya reconstruir una parte considerable de un programa tecnológico. Un equipo capaz de cruzar esos datos puede determinar que una empresa abre una nueva línea de producción, contrata masivamente en un ámbito, presenta familias de patentes coherentes y asegura de repente determinados proveedores. Sin ninguna información secreta, puede inferir una trayectoria industrial y decidir dónde concentrar el esfuerzo de recopilación.

Esta lógica es particularmente importante para Francia porque ofrece un campo de acción ofensivo casi totalmente desprovisto de riesgo diplomático. Una administración u operador especializado puede cartografiar tecnologías críticas extranjeras, identificar a los investigadores realmente importantes, seguir programas que avanzan y detectar sociedades que dominan componentes indispensables. La inteligencia clandestina se vuelve entonces mucho más selectiva: en lugar de buscar indistintamente «qué hace China» o «qué prepara Estados Unidos», el Estado puede concentrar sus medios escasos en unas pocas preguntas precisas a las que las fuentes abiertas no responden.

La Dirección General de Armamento ha desarrollado, además, capacidades OSINT, es decir, inteligencia a partir de fuentes abiertas. El informe parlamentario de 2025 sobre guerra económica menciona una reorganización, un campus OSINT y la voluntad de adoptar una postura más ofensiva. Esta evolución es reveladora: la ofensiva moderna no es necesariamente espectacular. Consiste primero en reducir la incertidumbre más deprisa que los competidores y decidir antes que ellos. En una competición tecnológica donde unos meses pueden bastar para bloquear un estándar o comprar una startup, saber antes puede valer más que poseer un documento secreto.

Embajadas, diplomacia científica e inteligencia estratégica: la red francesa es más amplia que la DGSE

La inteligencia económica francesa no se limita a los servicios especializados. Francia dispone desde hace mucho tiempo de una red diplomática, económica y científica en el extranjero capaz de producir una enorme cantidad de información útil. Agregados económicos, servicios científicos, embajadas, Business France, Tesoro, redes universitarias, consejeros de defensa y operadores especializados observan mercados, tecnologías, transformaciones regulatorias y ecosistemas locales. Esa recopilación no es espionaje, pero puede convertirse en materia prima de inteligencia estratégica cuando la información se cruza, jerarquiza y conecta con prioridades nacionales.

La historia de la ADIT es ilustrativa. Creada a comienzos de los años noventa como organismo público encargado de valorizar información tecnológica recogida en el extranjero, especialmente por servicios científicos de embajadas, la Agencia para la Difusión de Información Tecnológica encarnaba ya la idea de que un Estado moderno debía ayudar a su tejido económico a comprender lo que se preparaba fuera. Después se convirtió en un importante grupo privado de inteligencia estratégica. Esta trayectoria muestra que existe en Francia una tradición de vigilancia internacional y transformación de información en apoyo económico, aunque sea menos visible que la cultura estadounidense del capital riesgo o la coordinación china.

El problema sigue siendo la integración. Una excelente nota científica no sirve de nada si no llega al responsable adecuado. Una información comercial obtenida por una embajada puede perder su valor si circula demasiado despacio. Una señal de vulnerabilidad detectada por un servicio puede resultar inutilizable si la empresa implicada no está habilitada para recibir la información o si ningún dispositivo permite reformularla. Francia necesita, por tanto, menos inventar nuevos sensores que mejorar los circuitos que convierten los sensores existentes en decisiones. Eso es precisamente lo que varios informes públicos reclaman desde hace años.

Pymes y empresas medianas: el punto ciego más peligroso de la soberanía tecnológica

La guerra económica no afecta solo a grandes grupos. Una potencia extranjera que busca una tecnología francesa suele tener interés en evitar Airbus, Thales o Safran, que disponen de sólidas direcciones de seguridad, y apuntar al subcontratista que posee una pieza única con muchos menos recursos. Una pyme de cincuenta empleados puede poseer un procedimiento de tratamiento de superficie, un software embebido, un sensor, un material o una máquina especializada sin disponer de un equipo cibernético completo ni de un responsable de seguridad económica. También puede ser más vulnerable a una toma de participación, una propuesta de asociación atractiva, la contratación de dos ingenieros clave o una dependencia financiera que la empuje a aceptar un inversor extranjero.

Los trabajos parlamentarios sobre la base industrial y tecnológica de defensa señalan precisamente esa fragilidad. Una parte muy importante de las agresiones afecta a pymes, aunque esas empresas sean indispensables para los grandes programas. El riesgo es doble: perder el secreto de una tecnología y perder la propia empresa. Una adquisición extranjera puede transferir legalmente patentes, contratos, equipos y saber hacer sin que ningún espía intervenga nunca. En algunos casos, la guerra económica más eficaz no se parece a una operación clandestina; se parece a una operación de capital bien negociada.

Por eso una doctrina francesa ofensiva debería integrar mucho más directamente a pymes y empresas medianas. El Estado no puede transmitirles información clasificada como si fuera un boletín. Sí puede producir inteligencia derivada, alertas, análisis de riesgos, cartografías de mercados, información sobre inversores, avisos sobre determinados métodos de aproximación o indicaciones sobre tecnologías extranjeras que conviene vigilar. También puede conectar esas empresas con herramientas financieras capaces de impedir una venta forzada o apoyar una adquisición en el extranjero. La soberanía tecnológica se juega a menudo en empresas que el gran público ni siquiera conoce.

Por qué Francia no puede copiar a China y por qué no debe seguir siendo ingenua

La idea «como ellos nos espían, hagamos exactamente lo mismo» es seductora por su simplicidad, pero poco realista. Francia es un Estado de derecho, miembro de la Unión Europea y de varias alianzas, cuyas empresas viven del acceso a mercados extranjeros y de la protección de la propiedad intelectual. Una política oficialmente organizada de saqueo sistemático de secretos comerciales para redistribuirlos a empresas nacionales tendría un coste diplomático, judicial y comercial enorme. Debilitaría también los principios que Francia invoca cuando protege a sus propias empresas.

Eso no significa que deba adoptar una postura de pura inocencia. El propio derecho francés reconoce la promoción de intereses económicos principales como finalidad de inteligencia. El desafío consiste, por tanto, en utilizar capacidades clandestinas cuando responden a una finalidad estratégica legítima y, al mismo tiempo, desarrollar masivamente formas de ofensiva que no se basan en el robo: adquisiciones de empresas, contratación de talento, influencia normativa, política comercial, explotación de patentes, anticipación regulatoria, diplomacia económica, protección frente al derecho extraterritorial y apoyo a adquisiciones francesas en el extranjero.

La verdadera diferencia con el modelo chino no debería plantearse entre un país «agresivo» y un país «ingenuo». Debería plantearse entre regímenes de poder distintos. Francia puede defender una economía abierta y un Estado de derecho al mismo tiempo que considera que la inteligencia económica, el conocimiento de competidores, la protección de sectores y la anticipación tecnológica forman parte del interés nacional. La cuestión central no es moral, sino estratégica: ¿sabemos utilizar todo lo que nuestro derecho ya nos permite hacer y sabemos hacerlo con suficiente rapidez?

Tres modelos de poder, tres maneras de ganar

China, Estados Unidos y Francia no disponen del mismo tamaño, la misma estructura económica ni el mismo régimen político. Compararlos como si tuvieran que emplear los mismos instrumentos sería engañoso. China se beneficia de una coordinación estatal muy fuerte y de un mercado interior gigantesco. Puede alinear política industrial, financiación, investigación, regulación, contratación pública, empresas y objetivos geopolíticos con una continuidad difícil de reproducir por las democracias occidentales. Estados Unidos dispone de otra ventaja: el dólar, los mercados financieros, los fondos de inversión, las universidades, las grandes empresas tecnológicas y la atracción mundial del talento forman un ecosistema capaz de absorber innovaciones extranjeras y controlar a la vez fuertemente el acceso a tecnologías consideradas sensibles.

Francia posee una arquitectura más fragmentada. Dispone de servicios de inteligencia eficaces, grandes grupos tecnológicos, una red diplomática mundial, capacidad nuclear y espacial, ingenieros de alto nivel, una tradición científica y herramientas de control cada vez más sólidas. Pero no posee ni la profundidad financiera estadounidense ni la capacidad de coordinación china. Su estrategia debe ser, por tanto, más selectiva. No puede perseguir todas las tecnologías; debe identificar las que condicionan realmente su soberanía y concentrar sobre ellas inteligencia, financiación, compras públicas, normas y adquisiciones.

Esa selectividad puede convertirse en ventaja si se asume. Una potencia media no necesita dominarlo todo para seguir siendo soberana; debe saber qué dependencias son aceptables y cuáles no. La inteligencia económica puede ayudar precisamente a hacer esa distinción. Puede mostrar que un sector presentado como estratégico depende en realidad de una tecnología accesible en varios países aliados o, por el contrario, que un componente aparentemente banal depende de un proveedor único en un país capaz de cerrar el mercado. El poder nace entonces menos de poseer todos los secretos que de identificar los verdaderos puntos de dependencia.

También en esta comparación se comprende por qué la cuestión de la inteligencia no puede separarse de la política económica interior. Una empresa francesa muy endeudada, descapitalizada o bloqueada en su desarrollo seguirá siendo vulnerable aunque la DGSE conozca perfectamente las intenciones de sus competidores. A la inversa, una empresa sólida, financiada, protegida y bien informada puede transformar una pequeña ventaja analítica en una ventaja industrial duradera. La inteligencia no sustituye a la economía; amplifica la calidad o las debilidades de la economía a la que sirve.

¿Llevamos una guerra de retraso?

La respuesta debe ser matizada. En capacidad jurídica para practicar inteligencia económica, Francia no está retrasada: el marco existe. En inteligencia humana exterior, dispone de una tradición y de un servicio reconocido. En capacidades técnicas y cibernéticas, posee medios soberanos importantes y prevé reforzar la vertiente ofensiva. En contraingerencia económica ha progresado considerablemente. En control de inversiones extranjeras el dispositivo se ha reforzado. Sería, por tanto, injusto y factualmente falso describir al Estado francés como completamente incompetente o desarmado.

La comparación se vuelve menos favorable cuando se observa la integración del conjunto. Estados Unidos utiliza simultáneamente capital, regulación, inteligencia, sanciones, normas, mercados públicos y diplomacia. China moviliza financiación, investigación, empresas, universidades, servicios y política industrial dentro de un sistema fuertemente coordinado. Francia sigue actuando demasiado a menudo por compartimentos. Este diagnóstico no es únicamente crítico o político; aparece en documentos parlamentarios que piden una postura más ofensiva, una mejor coordinación y una circulación más eficaz de la inteligencia hacia empresas estratégicas.

Por eso resulta más exacto hablar de una doctrina de explotación incompleta que de una ausencia de inteligencia ofensiva. Probablemente Francia no lleva una guerra de retraso en su capacidad de saber; sigue retrasada en la capacidad de hacer trabajar conjuntamente inteligencia, finanzas, industria, normas, política comercial y estrategia tecnológica. Esa articulación es la que transforma una información en cuota de mercado, una alerta en adquisición estratégica, una señal débil en decisión de inversión y una ventaja tecnológica en industria duradera.

¿Cómo debería ser una doctrina francesa realmente ofensiva?

Una doctrina ofensiva moderna no debería tener como consigna «robar más planos». Debería comenzar por una pregunta mucho más útil: ¿qué tecnologías condicionarán nuestra soberanía dentro de diez, veinte o treinta años y cómo podemos saber antes que los demás dónde emergen, quién las domina, de qué dependen y cómo podemos posicionarnos? A partir de esa cartografía, las necesidades de inteligencia económica deberían definirse al más alto nivel y traducirse después en decisiones industriales, financieras, diplomáticas y regulatorias.

Tal doctrina supone explotar con mucha mayor agresividad herramientas perfectamente legales: análisis masivo de patentes, publicaciones científicas, cartografía del talento, seguimiento de cadenas de suministro, análisis de inversiones, inteligencia regulatoria, observación de normas, compras de participaciones, adquisiciones selectivas, contratación de investigadores extranjeros, alianzas tecnológicas y apoyo a empresas francesas que quieren comprar activos estratégicos fuera de Francia. El informe parlamentario de 2025 propone precisamente detectar mejor tecnologías críticas extranjeras y ayudar a empresas francesas a invertir en sociedades estratégicas. Eso ya es una forma de ofensiva.

Cuando la inteligencia clandestina está legalmente autorizada para proteger o promover un interés fundamental de la Nación, no debería considerarse intelectualmente vergonzosa. Debe, por supuesto, seguir siendo selectiva, proporcional, controlada y compatible con las obligaciones internacionales de Francia. Pero sería paradójico invertir miles de millones en una comunidad de inteligencia y prohibirle, por cultura o miedo político, observar las tecnologías que determinarán mañana el poder económico y militar del país. Semiconductores, tecnologías cuánticas, inteligencia artificial, baterías, espacio, robótica, biotecnologías, nuclear, criptografía o electrónica de potencia son ámbitos donde la frontera entre seguridad nacional y economía se ha vuelto casi imposible de trazar.

La prioridad debería darse también a las pymes estratégicas. Los grandes grupos ya disponen de direcciones de seguridad, equipos cibernéticos, juristas, antiguos responsables de seguridad y redes internacionales. Sin embargo, una empresa de treinta empleados puede poseer la única tecnología francesa indispensable para todo un sector sin disponer de ninguna de esas protecciones. La inteligencia derivada, las alertas, los análisis de riesgos, el acompañamiento internacional y la ayuda para identificar oportunidades deberían llegar mucho más directamente a esas empresas. El objetivo no es transformar a las pymes en auxiliares de los servicios; es conseguir que el conocimiento acumulado por el Estado se convierta también en ventaja para quienes crean valor y tecnología.

Lo que sabemos y lo que no sabemos

Las respuestas más honestas son finalmente bastante claras. Sí, Francia practica inteligencia económica y esta misión está reconocida por la ley, la CNCTR, los informes parlamentarios y las declaraciones públicas del director de la DGSE. Sí, posee capacidades clandestinas de inteligencia humana. Sí, dispone de capacidades cibernéticas ofensivas y pretende reforzarlas. Sí, el derecho permite en determinadas condiciones la vigilancia internacional para finalidades que incluyen los principales intereses económicos, industriales y científicos de la Nación. Sí, la historia francesa contiene episodios de espionaje industrial ofensivo contra empresas estadounidenses.

En cambio, no sabemos públicamente si agentes franceses están hoy infiltrados dentro de las mayores empresas estadounidenses o chinas. No sabemos qué empresas son objetivos operativos de la DGSE. No sabemos si se penetran servidores de empresas extranjeras para obtener secretos tecnológicos. No existe ninguna prueba pública de un dispositivo actual de transmisión directa a empresas francesas de planos o secretos industriales robados. Afirmar lo contrario sin fuente sería confundir lo que los servicios saben hacer con lo que hacen en una operación concreta.

Lo que sí sabemos puede ser más importante: Francia posee el marco, la historia, los medios y una doctrina que evoluciona hacia mayor ofensiva. Los informes públicos reconocen simultáneamente que nuestra postura sigue siendo demasiado defensiva y que la coordinación con la industria debe progresar. Eso significa que la cuestión principal ya no es saber si existe inteligencia económica ofensiva en Francia, sino si está suficientemente integrada en una verdadera estrategia nacional de poder.

Francia probablemente sabe más de lo que transforma

Francia no es un país sin servicios de inteligencia, sin cultura ofensiva ni capacidades técnicas. Posee una DGSE capaz de producir inteligencia económica, servicios interiores capaces de proteger empresas, capacidades cibernéticas ofensivas, un derecho que autoriza expresamente la promoción de intereses económicos principales y una historia en la que el espionaje industrial ya fue asumido. El discurso según el cual «el Estado no hace nada» no resiste, por tanto, a las fuentes públicas.

Pero el discurso inverso sería igualmente engañoso. Nada permite afirmar públicamente que Francia desarrolla hoy una política sistemática de saqueo tecnológico, infiltra grandes empresas estadounidenses o chinas y redistribuye sus secretos a sus industriales. Las operaciones son secretas, los objetivos precisos no se publican y la explotación de inteligencia bruta está voluntariamente compartimentada. La realidad accesible al ciudadano es la de un Estado que sabe recoger, proteger, analizar y a veces actuar ofensivamente, pero cuyos propios informes siguen interrogándose sobre cómo transformar ese conocimiento en poder económico.

Probablemente ahí se sitúa nuestro retraso más serio. China y Estados Unidos no ganan solo porque saben más. Ganan porque conectan mejor información, industria, capital, política, normas, mercados y tecnología. Francia posee sensores, ingenieros, empresas, servicios y un marco jurídico. La cuestión es ya menos saber si tenemos espías que saber si el Estado es capaz de hacer trabajar conjuntamente todo lo que posee para que la inteligencia se convierta en inversión, innovación, adquisiciones, exportaciones y empleo.

En la guerra económica del siglo XXI, la información es una materia prima. No sustituye a la fábrica ni al investigador, pero puede decidir dónde construir una y cómo proteger al otro. La verdadera doctrina ofensiva francesa debería resumirse en una frase: saber antes que los demás qué va a importar y después ser capaz de actuar antes que ellos. Si Francia quiere seguir siendo una potencia industrial, se trata menos de romanticismo alrededor de los servicios secretos que de organización nacional. Tenemos los sensores. El debate político comienza cuando hay que decidir qué hacemos con lo que nos enseñan.

Respuestas directas a las preguntas centrales

**¿Francia practica inteligencia económica?** Sí. La ley, la CNCTR, los informes parlamentarios y las declaraciones públicas de la DGSE lo demuestran.

**¿Francia posee capacidades humanas clandestinas y cibernéticas ofensivas?** Sí. Estas capacidades están públicamente reconocidas, aunque sus objetivos concretos sean clasificados.

**¿Hay agentes franceses infiltrados actualmente en grandes empresas estadounidenses o chinas?** Ninguna prueba pública permite afirmarlo para una empresa concreta.

**¿Los servicios franceses piratean servidores extranjeros para entregar los secretos obtenidos a nuestros industriales?** No está públicamente demostrado ningún dispositivo actual de esa naturaleza.

**¿Francia ha llevado históricamente a cabo espionaje industrial ofensivo?** Sí. Se han documentado públicamente operaciones y Pierre Marion reconoció haber creado una estructura específica a comienzos de los años ochenta.

**¿Estamos retrasados?** Menos en capacidad de inteligencia que en la integración entre inteligencia, industria, finanzas, normas, política comercial y velocidad de decisión.

Principales fuentes públicas

1. Code de la sécurité intérieure, article L. 811-3: finalités du renseignement · abrir la fuente
2. CNCTR: présentation des finalités légales du renseignement · abrir la fuente
3. Code de la sécurité intérieure, article L. 854-1: communications internationales · abrir la fuente
4. OMPI: Global Innovation Index 2025 · abrir la fuente
5. OMPI: statistiques PCT 2025 · abrir la fuente
6. Department of Justice: condamnation de Yanjun Xu · abrir la fuente
7. Intelligence Online: opérations chinoises contre l'aéronautique occidentale · abrir la fuente
8. Intelligence Online: enquête française sur l'acquisition d'expertise aéronautique par Pékin · abrir la fuente
9. Intelligence Online: schéma LinkedIn attribué au Guoanbu · abrir la fuente
10. Intelligence Online: soupçons d'espionnage près de Toulouse · abrir la fuente
11. Maison-Blanche: stratégie nationale de sécurité scientifique et technologique 2026 · abrir la fuente
12. U.S. Treasury: activité CFIUS 2025 · abrir la fuente
13. ODNI: Office of Economic Security and Emerging Technologies · abrir la fuente
14. Le Monde: comment la NSA espionne la France · abrir la fuente
15. Parlement européen: rapport sur ECHELON · abrir la fuente
16. Le Monde: Pierre Marion et l'espionnage industriel de la DGSE · abrir la fuente
17. Le Monde: guerre de l'ombre économique entre alliés · abrir la fuente
18. Assemblée nationale: rapport 2018 sur le renseignement d'intérêt économique · abrir la fuente
19. Sénat: colloque 2025 de la Délégation parlementaire au renseignement · abrir la fuente
20. Assemblée nationale: documents budgétaires 2025 sur les moyens de la DGSE · abrir la fuente
21. SGDSN: Actualisation 2025 de la Revue nationale stratégique · abrir la fuente
22. Ministère des Armées: lutte informatique offensive · abrir la fuente
23. DGSE: présentation institutionnelle · abrir la fuente
24. Intelligence Online: DGSE et sécurité économique · abrir la fuente
25. Intelligence Online: rapprochement DGSE-secteur privé · abrir la fuente
26. Direction générale des entreprises: rapport annuel 2023 · abrir la fuente
27. Assemblée nationale: rapport 2025 sur la guerre économique · abrir la fuente
28. Assemblée nationale: travaux 2025 sur les atteintes à la BITD · abrir la fuente
29. Assemblée nationale: historique de l'ADIT et veille technologique internationale · abrir la fuente
30. Bpifrance: présentation du groupe ADIT en 2025 · abrir la fuente