Acabo de leer varios artículos dedicados a la inquietud actual de los servicios de inteligencia ante el aumento de la tensión social. Los escenarios mencionados van desde manifestaciones masivas y bloqueos hasta episodios violentos contra edificios públicos; algunos comentarios llegan incluso a evocar, como hipótesis extrema, un intento de asaltar el Palacio del Elíseo. Sean realistas o no, estos escenarios bastan evidentemente para movilizar a la inteligencia territorial y, cuando aparecen amenazas más graves, a otros servicios de seguridad interior. Su trabajo consiste precisamente en detectar señales débiles, identificar los riesgos de paso a la acción e informar a las autoridades antes de que una situación se vuelva incontrolable.
Pero esta lectura me llevó a plantearme una pregunta mucho menos abordada: ¿qué ocurre en la mente de quien vigila?
Imaginemos a un agente que ha dedicado su carrera al servicio del Estado, que a veces trabaja al precio de sacrificar su vida personal y que se considera sinceramente al servicio de la Nación y de la protección de sus conciudadanos. ¿Qué siente cuando debe vigilar precisamente a esos mismos ciudadanos, quizá vecinos, amigos o conocidos, mientras que, a título personal, puede comprender parte de su ira? ¿Qué ocurre cuando observa a sus vecinos, a sus allegados o a franceses corrientes rebelarse contra decisiones que quizá él mismo considera equivocadas, mientras que su misión profesional consiste en identificar a los cabecillas, evaluar los riesgos y transmitir información a quienes toman las decisiones?
Ahí es donde la cuestión se vuelve apasionante: ¿basta siempre el deber profesional para neutralizar la conciencia personal?
Un agente puede considerar perfectamente que la violencia debe impedirse y, al mismo tiempo, estimar que determinadas reivindicaciones son legítimas. Puede querer proteger las instituciones sin aprobar necesariamente a quienes las dirigen. Incluso puede experimentar el sentimiento paradójico de que las personas a las que vigila intentan, a su manera, provocar un cambio que él mismo considera necesario. Es precisamente este tipo de conflicto entre misión, lealtad institucional, convicciones personales y conciencia moral lo que la investigación estudia hoy mediante conceptos como la disonancia cognitiva o la lesión moral. Eso es lo que este artículo intenta explorar.
¿Quién vigila qué en Francia?
En Francia, hablar simplemente de «la DCRI» para designar a quienes siguen las manifestaciones sería hoy inexacto: la DCRI dejó de existir en 2014. Creada en 2008 mediante la fusión de una parte de los antiguos Renseignements généraux y de la DST, la Direction centrale du renseignement intérieur tenía entre sus misiones la lucha antiterrorista, el contraespionaje, la protección de los intereses económicos y la detección de amenazas extremistas; en 2014 se convirtió en la actual DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure. La DGSI es el servicio especializado del Ministerio del Interior encargado de las amenazas que afectan directamente a la seguridad nacional y a los intereses fundamentales de la Nación: terrorismo, extremismos violentos, espionaje e injerencias extranjeras, ciberamenazas, proliferación o proyectos susceptibles de causar un grave perjuicio a las instituciones. Por tanto, no es, en principio, el servicio que «cuenta a los manifestantes» durante una movilización social ordinaria. Ese trabajo corresponde hoy sobre todo a la Direction nationale du renseignement territorial, la DNRT, heredera de una parte de las misiones históricas de los RG. La Policía Nacional indica expresamente que sus agentes detectan y siguen manifestaciones y concentraciones, recopilan información económica y social y redactan notas destinadas, en particular, a los prefectos y al Gobierno para anticipar riesgos de alteración del orden público. Para el G7 de 2026, por ejemplo, la DNRT explicó públicamente haber trabajado con antelación sobre distintos escenarios de protesta y haber elaborado «estados de la amenaza» que permitían a las autoridades adaptar su dispositivo de seguridad. En París, funciones comparables son ejercidas especialmente por la Direction du renseignement de la préfecture de police, la DRPP, mientras que la gendarmería también dispone de su propia cadena de anticipación operativa.
Históricamente, esta función estaba asumida de manera mucho más clara por los célebres Renseignements généraux, los RG. Su misión consistía en informar al Gobierno sobre la vida institucional, económica, social y, durante mucho tiempo, política del país. La propia DGSI recuerda que un texto de 1967 encargaba a los RG buscar y centralizar informaciones «de orden político, social y económico» necesarias para informar al Gobierno. Observaban la opinión pública, las organizaciones, los movimientos sociales, las protestas, los grupos susceptibles de alterar el orden público y, durante una parte de su historia, el funcionamiento de la vida política. La vigilancia de los partidos políticos fue posteriormente retirada de sus misiones en la década de 1990. Cuando los RG desaparecieron en 2008, sus funciones se repartieron: una parte relacionada con las amenazas graves pasó a la DCRI y después a la DGSI, mientras que el seguimiento de la vida institucional, social y económica y de los movimientos susceptibles de afectar al orden público continuó en las estructuras que hoy constituyen la inteligencia territorial. Dicho de otro modo, cuando hoy se prepara una movilización importante en las redes sociales, con llamamientos a bloquear el país, amenazas contra instituciones o riesgos de violencia, es perfectamente normal que varios servicios examinen la situación, pero no por las mismas razones ni con las mismas facultades: la inteligencia territorial evalúa ante todo el orden público y la dinámica de la movilización; la DGSI puede intervenir más si aparecen terrorismo, extremismo violento o una amenaza contra los intereses fundamentales de la Nación. Y el uso de técnicas intrusivas de inteligencia no es libre: desde la ley de 2015 están jurídicamente reguladas, generalmente sometidas a autorización del Primer Ministro y al control de la CNCTR.
Un policía de inteligencia territorial encargado de observar una protesta social y un agente de la DGSI encargado de impedir una acción terrorista no viven necesariamente el mismo conflicto moral, aunque ambos puedan enfrentarse a la distancia entre sus convicciones personales y su misión profesional.
Merece la pena plantear una pregunta cuando el Estado moviliza a policías, servicios especializados o agentes de inteligencia frente a una protesta social importante: ¿qué ocurre psicológicamente cuando el agente encargado de observar, infiltrarse, vigilar o aplicar una decisión institucional empieza él mismo a sentir un conflicto entre su misión y sus convicciones personales? Al contrario de lo que podría pensarse, esta cuestión no es únicamente filosófica. Una literatura científica creciente estudia este fenómeno con el nombre de moral injury, que puede traducirse como lesión moral.
La lesión moral no es simplemente estrés profesional. Puede aparecer cuando una persona hace, permite que se haga o presencia algo que entra profundamente en contradicción con sus valores morales, o cuando siente que su institución la ha traicionado. Una revisión sistemática publicada en agosto de 2026 en Policing: A Journal of Policy and Practice examinó 18 estudios empíricos dedicados a fuerzas policiales. Los investigadores concluyen que los acontecimientos potencialmente moralmente perjudiciales constituyen una preocupación significativa en el trabajo policial. Pueden surgir, en particular, del sentimiento de haber causado un daño, de no haber podido impedirlo o de haber sido colocado en una situación institucional incompatible con lo que el agente consideraba justo.
El fenómeno no afecta únicamente a la policía tradicional. En 2022, la RAND Corporation dedicó un informe a los traumas psicológicos dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense. Sus autores muestran que los profesionales de inteligencia pueden verse confrontados a acontecimientos extremadamente pesados desde el punto de vista moral aunque no sean quienes toman la decisión final. Un analista puede producir información que contribuya a una operación, observar sus consecuencias y sentirse, sin embargo, moralmente implicado. RAND relata especialmente las dificultades de personal que tuvo que enfrentarse a las consecuencias humanas de operaciones a las que su trabajo había contribuido.
El caso de la inteligencia humana, HUMINT, es aún más revelador. En un estudio publicado en el International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, el filósofo Adam Henschke analiza las contradicciones morales propias del oficio: un oficial puede tener que mentir, manipular, explotar una relación de confianza o ejercer alguna forma de coerción en nombre de un objetivo superior de seguridad nacional. Conductas normalmente consideradas moralmente problemáticas pasan entonces a estar autorizadas institucionalmente. Según Henschke, esta situación crea precisamente un riesgo moral susceptible, en determinadas circunstancias, de desembocar en una lesión moral para quien realiza esos actos.
Los policías que trabajan de incógnito constituyen otro ejemplo particularmente documentado. Una revisión sistemática publicada en 2025 describe su trabajo como psicológicamente de alto riesgo: estrés crónico, dificultad para mantener una identidad coherente, aislamiento y dilemas morales relacionados con el papel interpretado. El agente debe a veces mantener relaciones con personas a las que engaña continuamente, presenciar conductas que desaprueba sin poder intervenir de inmediato o conservar su cobertura mientras su identidad profesional y su identidad personal entran en conflicto.
Esto permite volver a una cuestión francesa especialmente interesante. ¿Qué siente un policía o un agente de inteligencia cuando se le encarga observar un movimiento social cuyas reivindicaciones pueden parecerle personalmente legítimas? ¿Qué ocurre cuando un funcionario encargado de vigilar una movilización comparte él mismo algunas de las dificultades económicas de quienes observa? ¿Y qué sucede psicológicamente con esa misión cuando existe una distancia entre la obligación profesional, la empatía individual y la valoración personal de la justicia de una situación?
Sin embargo, hay que ser rigurosos: las investigaciones disponibles no permiten afirmar que los agentes franceses encargados de seguir a los Chalecos Amarillos o una futura movilización sufran automáticamente una lesión moral, y todavía menos que apoyen en secreto a las personas vigiladas.
Eso iría mucho más allá de los datos científicos. Los estudios demuestran la existencia del mecanismo general; su aplicación a una operación francesa concreta sigue siendo una hipótesis que exigiría investigaciones específicas entre los agentes afectados. Precisamente esta distinción es la que hace que el tema sea interesante en lugar de conspirativo.
Pero esto debería interesar también a quienes dan las órdenes. Una democracia no debería preguntarse únicamente si una operación de mantenimiento del orden o de inteligencia es jurídicamente posible. También debería preguntarse qué exige humanamente a quienes la ejecutan. Cuando las instituciones exponen durante mucho tiempo a sus propios agentes a situaciones en las que chocan deber profesional, empatía y convicciones morales, el coste no desaparece porque no figure inmediatamente en las estadísticas operativas. Puede traducirse en culpa, angustia, pérdida de sentido, cinismo, trastornos psicológicos o ruptura de la confianza en la institución.
Probablemente esa sea la verdadera lección de estos trabajos: un Estado no puede considerar indefinidamente a sus policías y agentes de inteligencia como simples ejecutores desprovistos de conciencia personal. Detrás del uniforme, del número de identificación o de la habilitación de seguridad hay siempre un individuo capaz de preguntarse si lo que hace es justo. Y cuando una institución obliga con demasiada frecuencia a su personal a resolver en solitario ese conflicto interior, puede terminar dañando precisamente a quienes les pide que la protejan.
Existe además una consecuencia posible de ese conflicto interior mucho más radical que el simple malestar: abandonar la institución. Francia conoce desde hace varios años un aumento de determinadas salidas de la policía y de la gendarmería, aunque las cifras presentadas a veces como prueba de una «gran dimisión» deben interpretarse con prudencia, porque pueden mezclar jubilaciones, cambios de cuerpo, finales de contrato, comisiones de servicio y verdaderas dimisiones. La Cour des comptes señala, no obstante, un aumento del 43 % entre 2019 y 2024 de las salidas de la Policía Nacional excluyendo jubilaciones y promociones internas, y constata que las fuertes exigencias del oficio y el desgaste profesional explican las salidas más que la remuneración por sí sola. En la gendarmería también aumentaron las salidas anticipadas antes de estabilizarse más recientemente. Evidentemente, estas cifras no demuestran que los agentes abandonen el uniforme por razones morales o políticas, pero coinciden con otra constatación oficial: el malestar, la pérdida de sentido, la desmotivación y las dificultades de retención se documentan regularmente dentro de las fuerzas de seguridad francesas.
La investigación internacional aporta aquí una perspectiva especialmente interesante. Un estudio publicado en 2026 con 371 policías muestra que la lesión moral puede reducir la sensación de que el propio trabajo sigue produciendo algo positivo para la sociedad, disminuir el compromiso y la satisfacción profesional y aumentar la intención de abandonar la policía. Por tanto, no puede afirmarse que un policía francés encargado de vigilar una protesta social que comprende personalmente terminará dimitiendo; ningún estudio francés permite establecer esa causalidad. Pero hoy sí puede plantearse científicamente la pregunta: cuando alguien entra en la policía o en la gendarmería para proteger a sus conciudadanos y empieza a sentir un conflicto duradero entre lo que considera su misión moral y lo que su institución le exige concretamente, ¿durante cuánto tiempo puede conservar intactas su motivación, su lealtad y su deseo de permanecer?
Para quienes deseen consultar directamente los trabajos científicos: el informe de RAND sobre la comunidad de inteligencia estadounidense está disponible aquí, Trauma in the U.S. Intelligence Community — RAND; el estudio de Adam Henschke sobre HUMINT aquí, Moral Risk, Moral Injury, and Institutional Responsibility; la revisión sobre policías de incógnito aquí, Mental Health Issues in Undercover Police Officers; y la revisión sistemática de 2026 sobre lesiones morales en la policía aquí, Moral injuries in police cohorts.