Este artículo analiza un fenómeno político, histórico y psicológico. No constituye un llamamiento a la insurrección, una invitación a la violencia ni una justificación de una intervención militar contra las instituciones francesas. Defiende, por el contrario, una acción cívica, democrática, organizada y no violenta.

Una profecía repetida desde hace décadas

Este tema me acompaña desde hace mucho tiempo. Ya en 2002 lo discutía con militantes, patriotas y Roger Holeindre. Desde entonces he oído cientos de veces el mismo anuncio: «Esto va a estallar».

La frase reaparece después de cada elección decepcionante, cada crisis política, cada escándalo, cada nuevo impuesto, cada fábrica cerrada, cada disturbio y cada decisión percibida como una humillación nacional. Esta vez, se asegura, se habría superado el límite. Esta vez el pueblo no soportaría más. Esta vez la explosión sería inevitable.

Sin embargo, pasan los años y la explosión anunciada nunca llega.

Esto no significa que la cólera sea imaginaria. El retroceso económico, la desindustrialización, la deuda pública, el debilitamiento de los servicios esenciales, la pérdida de confianza en las instituciones y el sentimiento de impotencia política generan descontentos reales. Pero es un error confundir la intensidad de una cólera con la capacidad de una población para transformarla en acción colectiva.

Decir «esto va a estallar» parece una previsión. En realidad, la frase expresa a menudo una esperanza mucho más personal: que otro haga lo que uno no puede, no sabe o no quiere hacer por sí mismo.

La espera secreta de otro

Quien anuncia la próxima explosión casi nunca dice que será él mismo quien la provoque. Espera que aparezca un líder, que un general salga de las filas, que una personalidad providencial reúna a los descontentos o que un acontecimiento imprevisto transforme una exasperación difusa en movimiento nacional.

Pero generalmente desea que otro asuma el primer riesgo.

Será otro quien se exponga, arriesgue su empleo, se enfrente a los tribunales, comprometa su situación profesional, someta a su familia a presión y soporte las consecuencias de un eventual fracaso. Todos esperan la chispa, siempre que no tengan que convertirse ellos mismos en combustible.

Esta actitud no es necesariamente despreciable. A menudo responde a un cálculo racional. El coste individual del compromiso es inmediato, concreto y a veces considerable, mientras que el beneficio colectivo sigue siendo hipotético. Quien actúa puede perder sus ingresos, su reputación o su libertad sin ninguna certeza de que su sacrificio cambie el curso de los acontecimientos.

Sin embargo, cuando millones de personas realizan simultáneamente ese cálculo, la cólera general produce una inmensa inmovilidad.

Por qué la sociedad no bascula

La fórmula romana «pan y circo» no es de César. Procede de la décima Sátira de Juvenal, que denunciaba a una población que había abandonado parte de su poder político a cambio de satisfacciones materiales y espectáculos, resumidos en las palabras latinas panem et circenses.

Nuestra época ha perfeccionado considerablemente este mecanismo. Ya no descansa solamente en la comida y el espectáculo, sino en una red extraordinariamente densa de vínculos materiales, sociales y afectivos. Los ciudadanos poseen una vivienda o esperan conservarla, pagan préstamos, crían hijos, dependen de un salario, dirigen una empresa, esperan una jubilación, se benefician de seguros, utilizan servicios públicos y construyen su vida en torno a una relativa estabilidad.

Incluso cuando considera que su país está en decadencia, un ciudadano casi siempre posee algo que teme legítimamente perder.

Puede denunciar a diario al Gobierno y, al mismo tiempo, negarse a sacrificar su empleo. Puede considerar profundamente defectuosas las instituciones y temer, sin embargo, tener antecedentes penales. Puede desear un cambio radical y querer proteger su vivienda, su empresa y su familia. Esta prudencia no es necesariamente cobardía. Traduce una realidad humana fundamental: el desorden colectivo amenaza primero las vidas individuales.

Por eso las sociedades no se sublevan automáticamente cuando se acumulan las dificultades. Pueden acostumbrarse a una degradación lenta mucho más fácilmente que a una ruptura brusca cuyas consecuencias nadie controla.

La cólera aún no es una fuerza política

Una población puede estar profundamente descontenta sin volverse revolucionaria. Millones de personas pueden compartir los mismos vídeos, denunciar a los mismos dirigentes y expresar las mismas inquietudes sin formar por ello un movimiento capaz de actuar.

La cólera produce palabras, comentarios, publicaciones y, a veces, concentraciones. La capacidad política exige mucho más: una organización duradera, una estrategia, responsables identificados, competencias, medios materiales, una doctrina suficientemente coherente y, sobre todo, una visión creíble de lo que deberá sustituir al orden impugnado.

Una multitud puede derribar una barrera u ocupar un edificio. No sabe necesariamente elaborar un presupuesto nacional, abastecer hospitales, mantener la electricidad, pagar pensiones, garantizar el orden público, administrar territorios, negociar con potencias extranjeras y reconstruir instituciones reconocidas como legítimas.

La cuestión esencial no es, por tanto, solamente cómo podría caer un sistema. Es saber qué ocurriría al día siguiente.

Destruir una autoridad puede requerir unas horas. Construir una legitimidad suele exigir años.

Quienes sueñan con un incendio general imaginan normalmente que el fuego destruirá a sus adversarios y preservará lo que aman. La historia demuestra, sin embargo, que una explosión política rara vez distingue entre la institución corrupta y el servicio indispensable, entre el verdadero responsable y el agente ordinario, entre la cólera legítima y la venganza, o entre la reforma necesaria y la destrucción irreversible.

El fuego no posee la precisión que le atribuyen quienes lo contemplan desde lejos.

El sacrificio todavía presupone una comunidad

Hay otra dificultad que debe afrontarse. El sacrificio colectivo presupone la existencia de una comunidad moral lo bastante fuerte como para que cada persona acepte arriesgar algo por los demás.

Sin embargo, numerosos ciudadanos sienten hoy que Francia ya no comparte una definición común de su historia, su futuro y aquello que merece ser transmitido. Algunos consideran sospechoso el patriotismo. Otros creen que la historia nacional se reduce sistemáticamente a sus faltas. Otros ya no se reconocen en las instituciones o dudan de que sus compatriotas quieran preservar la misma herencia.

Este sentimiento puede ser exagerado, instrumentalizado o amplificado por las redes sociales. No por ello deja de producir efectos políticos reales. Quien ya no cree pertenecer a una comunidad de destino acepta difícilmente sacrificarse por ella.

Una nación no es solo un territorio delimitado por fronteras. También descansa en un acuerdo mínimo sobre lo que debe protegerse, continuarse y transmitirse. Cuando ese acuerdo se fragmenta, el patriotismo deja de ser una fuerza colectiva y se convierte en una convicción solitaria.

Esto explica en parte por qué la exasperación patriótica no se transforma mecánicamente en movilización general. El ciudadano ya no se pregunta solamente qué debería defender. Se pregunta para quién, con quién y con qué finalidad debería defenderlo.

Por qué el ejército no puede convertirse en árbitro de la vida política

Los militares pueden sentir este dilema con una intensidad particular. Están formados para servir a Francia, aceptar el riesgo y obedecer en circunstancias en las que un error puede costar vidas. Pueden amar profundamente a la nación y, al mismo tiempo, desaprobar a un gobierno, una orientación diplomática, una reforma militar, una política industrial o el abandono de determinadas capacidades estratégicas.

Pero en una democracia esa desaprobación no les concede el derecho a elegir a los gobernantes.

La Constitución francesa establece una distribución precisa de responsabilidades. El presidente de la República es jefe de los ejércitos. El Gobierno determina y conduce la política de la Nación y dispone de la fuerza armada. El primer ministro dirige la acción del Gobierno y es responsable de la defensa nacional. Las fuerzas armadas no constituyen, por tanto, un poder autónomo situado por encima de las instituciones civiles.

El militar tampoco está sometido a una obediencia ciega. El Código de Defensa le obliga a ejecutar lealmente las órdenes recibidas, pero le prohíbe realizar un acto manifiestamente ilegal o contrario al derecho internacional aplicable. Al mismo tiempo, el estado militar exige disciplina, disponibilidad, lealtad y neutralidad.

Esta distinción es fundamental.

Un militar debe negarse a cumplir una orden manifiestamente ilegal. En cambio, no puede decidir por su propia autoridad que un gobierno legal se ha convertido en un enemigo al que hay que derrocar porque considera desastrosa su política. Una política discutible, ineficaz o incluso profundamente perjudicial no constituye automáticamente una orden manifiestamente ilegal.

Si cada oficial pudiera decidir según su conciencia personal qué gobierno merece aún obediencia, el ejército dejaría de ser el de la Nación. Se convertiría en el ejército de las convicciones políticas de sus jefes.

El valor de poseer la fuerza sin utilizarla políticamente

El valor militar suele representarse como capacidad de actuar. Existe, sin embargo, otra forma de valor, menos espectacular pero esencial para la democracia: poseer la fuerza sin creerse autorizado a decidir en lugar del pueblo.

Un oficial puede mandar hombres, disponer de armas, beneficiarse de una organización eficaz y gozar de una fuerte legitimidad social. Ese poder no le concede más derechos políticos que a los demás ciudadanos. Al contrario, le impone una moderación superior.

El honor militar no reside solamente en combatir cuando lo exige una orden legal. También reside en negarse a transformar las armas de la República en instrumentos de arbitraje político.

Este principio debe seguir siendo válido incluso cuando los militares comparten las inquietudes de una parte de la población. También debe seguir siéndolo cuando la intervención propuesta se presenta como provisional, razonable o destinada a salvar las instituciones. Todos los golpes de fuerza comienzan con la promesa de que serán temporales. Nada garantiza que quienes toman el poder acepten devolverlo después.

Massu y la crisis de 1958: un precedente que no es un modelo

La referencia al general Jacques Massu aparece con frecuencia en determinadas conversaciones patrióticas. El 13 de mayo de 1958, una manifestación en Argel condujo a la creación de un Comité de Salvación Pública presidido por Massu, en un contexto de guerra de Argelia, derrumbe de la Cuarta República y temor a una guerra civil. El comité reclamó el mantenimiento de la Argelia francesa y favoreció el regreso al poder del general de Gaulle.

Este precedente no puede separarse de su contexto histórico. No demuestra que la intervención militar sea un método normal o deseable para resolver las crisis democráticas.

Que una ruptura haya contribuido al nacimiento de un nuevo régimen no convierte el método en legítimo en todas las circunstancias. Una intervención aprobada hoy porque coincide con nuestras convicciones podría servir mañana para justificar otra realizada en nombre de convicciones exactamente opuestas.

La verdadera pregunta no es, por tanto, si aprobamos las supuestas intenciones de un oficial. Es si aceptamos que la posesión de las armas determine quién tiene derecho a gobernar.

Desde el momento en que se reconoce este principio a un bando, ya no puede negarse al siguiente.

España y Portugal: dos lecciones diferentes

El 23 de febrero de 1981, guardias civiles armados dirigidos por Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. El intento de golpe de Estado fracasó y las instituciones españolas lo recuerdan como la derrota de quienes pretendían interrumpir la democracia por las armas.

Este episodio recuerda que el deber de un militar patriota puede consistir precisamente en no seguir a quienes pretenden salvar el país por la fuerza.

La Revolución de los Claveles portuguesa constituye un caso diferente. El 25 de abril de 1974, el Movimiento de las Fuerzas Armadas puso fin a la dictadura del Estado Novo y abrió el camino a la democratización. La ruptura militar no estuvo totalmente exenta de sangre: cuatro personas murieron por disparos de la policía política. No obstante, condujo a un proceso constituyente, a elecciones y al restablecimiento de instituciones civiles.

La lección portuguesa no es que el ejército deba gobernar cuando considere ilegítimo al poder. Es que una intervención militar dirigida contra una dictadura solo puede adquirir legitimidad democrática si devuelve efectivamente el poder a los ciudadanos.

Un ejército que abre el camino a la soberanía popular no cumple la misma función que uno que pretende ejercer esa soberanía de manera duradera en lugar del pueblo.

El hombre providencial como excusa para no organizarse

El hombre providencial es una solución psicológicamente cómoda. Permite esperar que un individuo excepcional resuelva en pocas semanas lo que millones de ciudadanos no han querido organizar durante veinte años.

Esperar a ese hombre evita construir un movimiento, redactar un programa, formar responsables, crear redes locales, reunir medios financieros, verificar hechos, convencer a los indecisos y conquistar una mayoría.

Pero los hombres providenciales presentan dos peligros. El primero es que rara vez aparecen. El segundo es que quienes pretenden encarnar ellos solos a la nación no siempre aceptan abandonar el poder.

Quien se considera el único salvador termina fácilmente viendo toda oposición como una traición. Como identifica su persona con la salvación nacional, impugnar su autoridad equivale necesariamente, en su mente, a combatir a la nación misma.

Una democracia no puede, por tanto, descansar en la esperanza de que un hombre superior corregirá milagrosamente los errores colectivos. Debe producir instituciones capaces de controlar incluso a los dirigentes admirados por una mayoría.

La no violencia no es pasividad ni impotencia

Rechazar la violencia no significa aceptar la inacción.

Un célebre estudio comparativo de Maria Stephan y Erica Chenoweth examinó 323 grandes campañas desarrolladas entre 1900 y 2006. Constató que las campañas principalmente no violentas alcanzaron sus objetivos en el 53 % de los casos, frente al 26 % de las campañas violentas. Su ventaja procedía, entre otras cosas, de su capacidad para reunir a una población más amplia, preservar su legitimidad y provocar cambios de lealtad dentro de las instituciones.

Estas cifras no son una fórmula mágica. Investigaciones posteriores mostraron que la eficacia de las campañas no violentas disminuía cuando los movimientos se limitaban a manifestaciones simbólicas, descuidaban la organización de base o no diversificaban sus métodos.

La verdadera no violencia política es exigente. Supone documentar abusos, acudir a los tribunales, exponer contradicciones, crear medios independientes, organizar boicots, establecer redes de solidaridad, defender a alertadores, formar militantes, trabajar localmente y construir una alternativa creíble.

También puede adoptar la forma de una desobediencia civil pública y no violenta. Pero esta no debe confundirse con violencia clandestina o intimidación. La desobediencia civil acepta públicamente las consecuencias jurídicas para impugnar una norma considerada injusta. Su fuerza moral procede precisamente del rechazo de la coacción oculta.

La no violencia no es, por tanto, ausencia de conflicto. Es una manera de llevarlo sin entregar el futuro del país a hombres armados.

El valor comienza cuando dejamos de esperar

Es fácil repetir que alguien debería hacer algo. Esa frase evita responder a una pregunta más incómoda: ¿qué puedo hacer ahora, con mis medios, mis competencias y mis limitaciones?

Quien espera a un general ya puede escribir, investigar, formar, convencer, incorporarse a una asociación, apoyar a un medio independiente, ayudar a redactar un programa, participar en elecciones, reforzar redes locales, financiar una acción judicial, defender a una persona sometida a presión y transmitir conocimientos.

Estas acciones parecen minúsculas comparadas con la fantasía de un gran incendio nacional. Sin embargo, producen precisamente lo que una explosión no puede improvisar: competencia, confianza, organización y legitimidad.

Una alternativa política no nace el día en que el poder vacila. Debe haber sido preparada mucho antes.

Sin ese trabajo paciente, quienes derriban un orden antiguo descubren que no disponen ni de las personas, ni de las instituciones, ni de los métodos necesarios para construir el siguiente. El vacío lo ocupan entonces los mejor organizados, no necesariamente los más justos.

La responsabilidad no se encuentra únicamente en la cumbre

Los gobernantes soportan una responsabilidad inmensa. Disponen de la autoridad, la administración, el presupuesto y el poder de decidir. Deben responder de sus decisiones.

Pero los ciudadanos no pueden atribuirles toda la situación nacional y considerarse, al mismo tiempo, completamente ajenos a ella.

Una democracia se degrada cuando sus dirigentes se vuelven mediocres. También se degrada cuando los ciudadanos renuncian a aprender, organizarse, elegir y actuar.

La responsabilidad nacional no comienza solamente en el palacio presidencial. Comienza en las decisiones cotidianas sobre la información, el trabajo, el compromiso, la transmisión y el valor.

Comienza cuando uno decide votar o abstenerse, construir o limitarse a comentar, unirse a una organización o permanecer solo, apoyar un proyecto serio o esperar un milagro.

Dejar de esperar la explosión

Desde hace más de veinte años oigo anunciar que «esto va a estallar».

No estalló después de las elecciones, las crisis, los escándalos, los disturbios ni los desastres industriales. La frase sobrevivió a todas sus predicciones fallidas porque no describe realmente el futuro. Aplaza la responsabilidad.

Permite creer que la historia acabará resolviendo el problema sin exigir que se construya la solución.

Pero la historia no trabaja por nosotros. No produce por sí sola programas, equipos, instituciones ni legitimidad.

El ejército no salvará a un pueblo de su propia abdicación política. Un hombre providencial no sustituirá a la organización. La cólera no se convertirá en competencia por acumulación. La violencia no preservará únicamente lo que deseamos conservar.

Todo el mundo espera la chispa.

El verdadero valor quizá consista en dejar de esperarla.

Y en comenzar, sin armas y sin salvador, el largo trabajo que exige la recuperación democrática.

Tal vez por eso, desde hace tantos años, «esto va a estallar» y nunca estalla nada.