Francia ya no puede evitar un debate honesto sobre el asistencialismo. La solidaridad es necesaria en cualquier nación civilizada. Pero solidaridad y dependencia permanente no son lo mismo. Cuando la ayuda pública se separa estructuralmente de un camino creíble hacia la autonomía, el trabajo y la responsabilidad, ya no protege a la sociedad: la debilita.

Este artículo es una carta abierta a los responsables políticos. Sostiene que el problema no es la existencia de la ayuda social en sí misma, sino la ausencia de una doctrina coherente. Demasiados dispositivos se han acumulado con el tiempo sin revisión estratégica, sin condiciones claras y sin una evaluación seria a largo plazo de los incentivos, los efectos secundarios y la sostenibilidad presupuestaria.

Un sistema construido por acumulación

Los gobiernos sucesivos han añadido a menudo nuevas prestaciones o nuevas excepciones para responder a la urgencia, a la presión electoral o a la emoción mediática. El resultado es una arquitectura fragmentada que los ciudadanos apenas comprenden y que las propias administraciones tienen dificultades para explicar con claridad. Esto crea opacidad, despilfarro y desconfianza.

Quienes financian el sistema tienen cada vez más la sensación de que el esfuerzo es interminable y mal supervisado. Quienes dependen de él pueden sentirse atrapados en un mecanismo que gestiona la pobreza en lugar de ayudar a salir de ella. En ambos casos, la confianza se erosiona.

El principio clave: la solidaridad debe conducir de nuevo a la autonomía

La finalidad de la ayuda debería ser proteger a las personas durante las dificultades y restaurar, siempre que sea posible, las condiciones de la autonomía. Eso implica una mejor focalización, un acompañamiento más firme hacia el empleo o la formación, derechos y deberes más claros, y el rechazo a normalizar la inactividad de larga duración cuando el trabajo sigue siendo posible.

Un Estado social sostenible debe defender a los vulnerables, no organizar la inmovilidad social. No debe castigar el esfuerzo haciendo que la vuelta al trabajo sea administrativa o financieramente irracional.

¿Qué habría que cambiar?

Francia debería simplificar el sistema, hacer las prestaciones más transparentes, luchar contra el fraude de manera constante y reorientar una parte del gasto público hacia itinerarios de retorno al empleo, al emprendimiento y a la actividad económica local. La solidaridad pública debe seguir siendo fuerte, pero debe volver a servir un objetivo nacional: la dignidad mediante la protección y la autonomía mediante la responsabilidad.

La pregunta central es por tanto sencilla: ¿queremos un Estado social que rescate a las personas de la dificultad, o un sistema que instale lentamente la dependencia como horizonte social permanente?