En cada peaje, usted no paga una carretera. Paga una renta. Y el Estado la organizó.
¿Lo sabía?
Usted toma la autopista para ir de vacaciones, para ir al trabajo, para ver a su familia. Paga. Mucho. Cada vez más. Y tiene razón al sentir que algo no funciona.
Aquí están las cifras, las fuentes y el nombre del escándalo: la privatización de las autopistas en 2006.
Volvamos a la historia en su fría verdad contable. En 2006, el Gobierno dirigido por Dominique de Villepin decidió privatizar las sociedades históricas de concesión de autopistas, oficialmente para reducir la deuda del Estado. La venta de las participaciones públicas aportó 16.500 millones de euros al Tesoro. Fuente: la Comisión de Finanzas del Senado, el informe Delahaye y el informe IGF-CGEDD de febrero de 2021.
Dieciséis mil quinientos millones. Recuerde bien esa cifra, porque esto es lo que realmente costó a la nación.
Los dividendos pagados a los accionistas de las cuatro principales sociedades de autopistas deberían alcanzar 76.000 millones de euros de aquí a 2036. Es decir, alrededor de cinco veces el precio al que el Estado vendió estas infraestructuras en 2006. Fuente: la comisión de investigación del Senado, confirmada en abril de 2025 por Public Sénat. Vuelva a leerlo.
El Estado vendió por 16.500 millones de euros un activo que pagará 76.000 millones en dividendos a sus compradores privados. Vendió la gallina y ahora ve cómo otros recogen los huevos de oro, huevos pagados por usted cada vez que pasa por un peaje.
Y eso no es todo. La comisión de investigación del Senado de 2020 estableció varios hechos que deberían provocar una indignación nacional. Las empresas ya habían obtenido unos 24.000 millones de euros de beneficios netos entre 2006 y 2019. Su rentabilidad era anormalmente elevada para infraestructuras de bajo riesgo. Su deuda había sido transferida en gran parte a las propias sociedades concesionarias. En lenguaje claro: el Estado vendió demasiado barato un activo estratégico, los compradores financiaron parte de la operación mediante el propio activo, y el usuario paga la factura desde entonces.
La fórmula de los peajes: una renta blindada
Los contratos de autopistas prevén aumentos tarifarios automáticos. La fórmula básica garantiza subidas de peajes equivalentes al menos al 70 % de la inflación. Pero es un suelo, no un techo. Y ahí está el problema. Cada cinco años, el Estado firma contratos de plan con las empresas: ellas se comprometen a financiar obras y, a cambio, el Estado concede aumentos adicionales por encima del 70 % de la inflación. La fórmula se convierte entonces en 70 % de la inflación más un porcentaje adicional.
El resultado concreto es que entre 2000 y 2006 los peajes aumentaron una media del 2,06 % anual, frente a una inflación del 1,63 %. Las tarifas suben por tanto estructuralmente más rápido que el coste de la vida.
El verdadero problema, identificado por el Tribunal de Cuentas ya en 2008, es la opacidad y la proliferación: un juego sobre la distribución de los aumentos entre tramos que permite subidas más fuertes allí donde el tráfico es más denso. Un comité de usuarios, creado en 2009, ni siquiera fue consultado cuando se renovaron los contratos.
En términos claros: el Estado lo valida todo. Por tanto, el Estado es responsable.
Nuestro papel ya no es seguir siendo espectadores del declive.