La Francia fiscal: un país que grava mucho y todavía explica demasiado mal el uso del dinero público.
Francia no solo tiene un problema de nivel de impuestos. Tiene un problema de consentimiento, de legibilidad y de confianza.
En 2025, los gravámenes obligatorios representan el 43,6 % del producto interior bruto, según los datos provisionales del Insee.[1] Esta tasa agregada no describe por sí sola la experiencia del contribuyente, que se enfrenta a una suma de impuestos, cotizaciones, tributos locales, gravámenes sociales y obligaciones declarativas.
243 impuestos de bajo rendimiento: el síntoma de un sistema que acumula
El Tribunal de Cuentas censa 243 impuestos de bajo rendimiento en 2024, con una recaudación acumulada de 5.980 millones de euros.[2] Una recaudación baja no basta automáticamente para justificar la supresión de un impuesto: también hay que examinar su objetivo, su coste de gestión, sus efectos sobre los comportamientos y la existencia de una solución de sustitución.
La acumulación de gravámenes estrechos puede, sin embargo, hacer menos legible el panorama fiscal. Cada dispositivo debería evaluarse, por tanto, con una fecha, un rendimiento, un coste administrativo y un objetivo medible.
465 gastos fiscales recogidos en los documentos presupuestarios
El término oficial es «gasto fiscal». Designa exenciones, desgravaciones, créditos fiscales, reducciones, tipos particulares o regímenes excepcionales respecto de una norma fiscal de referencia. El documento presupuestario preparatorio del proyecto de ley de finanzas para 2026 recoge 465 gastos fiscales que figuran en el tomo II del anexo «Voies et moyens» del proyecto de ley de finanzas para 2025, de los cuales 82 están en vías de extinción.[3]
Estos dispositivos pueden perseguir objetivos legítimos. El problema aparece cuando se prorrogan sin una evaluación suficiente, cuando su coste está mal documentado o cuando sus beneficiarios y sus resultados ya no se comparan con los demás instrumentos posibles.
La confianza fiscal es un dato político que hay que medir
El barómetro 2025 del Consejo de Gravámenes Obligatorios estudia el consentimiento al impuesto, la percepción del uso del dinero público y la confianza depositada en los actores encargados de gestionar los gravámenes.[4] Los resultados deben leerse pregunta por pregunta y en su evolución, en lugar de resumirse en una fórmula única.
El punto decisivo no es solo el importe pagado. Es la capacidad de comprender lo que se grava, de identificar el objetivo, de verificar los resultados y de impugnar una decisión cuando es errónea.
El gran punto ciego: el coste completo
Un dispositivo público no se reduce al crédito anunciado. Su coste completo puede incluir la gestión, el control, los sistemas de información, el contencioso, los retrasos, los efectos indirectos y las duplicidades. Una evaluación creíble debe hacer visibles estos componentes.
Lo que habría que hacer
La primera reforma fiscal debería ser una reforma de legibilidad y de evaluación:
- publicar para cada gravamen su objetivo, su rendimiento, su coste de gestión y su fecha de revisión;
- evaluar los gastos fiscales más costosos a partir de sus beneficiarios, de su coste y de sus resultados;
- documentar el coste completo de las políticas fiscales;
- organizar la supresión, la fusión o la transformación de los dispositivos que se han vuelto inútiles;
- presentar por separado los datos oficiales y las propuestas de reforma.
Conclusión
El consentimiento al impuesto no se decreta. Depende de la comprensión, de la equidad percibida, de la calidad del servicio y de la prueba de que el dinero recaudado produce resultados.
La pregunta central
Antes de pedir un esfuerzo adicional, el Estado debe poder responder con claridad: ¿qué ha hecho con el dinero ya recaudado, con qué resultados y a qué coste completo?